Domingo 09 de septiembre del 2012
Política
La promoción política despega a pesar de contradicciones legales
Una valla con la imagen del presidente Rafael Correa identifica la central del movimiento provincial Fortaleza –que está en trámite de aprobación–, ubicada en Los Ceibos.
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Su primo, Ramón Yulee Changuin, fue uno de los más cercanos colaboradores del Gobierno de Jamil Mahuad. Y para respaldarlo, Eugenio Yulee Salazar montó, en 1999, una central en el suroeste de Guayaquil llamada “el Búnker de Jamil”.
Trece años más tarde, el activista político acaba de abrir una sede para su movimiento Fortaleza en Los Ceibos (norte); esta vez para apoyar al presidente Rafael Correa, con quien simpatiza desde la campaña electoral del 2006.
En el extremo sur de la urbe, en cambio, una pancarta gigantesca corona la central política que abrió Sociedad Patriótica.
En ella está estampada una imagen del expresidente Lucio Gutiérrez; junto a dos precandidatos a asambleístas: el presentador del programa ‘Vamos con todo’, Giovanny Jaramillo –conocido como Dupleint– y la abogada Irene Valencia.
También las paredes de viviendas y aquellas que cercan lotes baldíos en La Libertad (Santa Elena), por ejemplo, han servido como lienzos para plasmar los colores amarillo y azul del partido Avanza, liderado por el presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguro Social (IESS), Ramiro González.
En eventos masivos en Quito y Guayaquil, el posible postulante presidencial Guillermo Lasso (recién adherido a CREO) ha expuesto a sus simpatizantes propuestas sobre “otro Ecuador posible”, cuyos principios programáticos ha perfilado en un texto.
El mensaje se afianza, simultáneamente, a través de spots de televisión y cuñas de radio.
Sin tener certezas respecto a qué agrupaciones políticas participarán en la contienda electoral del 2013 a causa del reprocesamiento de las firmas que estas presentaron para registrarse ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), rostros y voces de todos los tonos empiezan a inundar los espacios urbanos y rurales del país.
Esto, pese a que en junio pasado, el CNE aprobó una resolución en la que exhortó a los precandidatos a que se abstengan de realizar lo que denominaron “campaña anticipada”, principalmente la contratación de propaganda en medios.
“La realización anticipada de actos de campaña electoral constituyen infracciones sancionadas por ley, debiendo reportar todos los gastos electorales, aun si estos fueren contratados con anterioridad a la convocatoria a las elecciones, sin perjuicio de las responsabilidades que se originen”, reseñó el organismo en el texto.
Los dirigentes de las agrupaciones políticas recuerdan, sin embargo, que el artículo 330 del Código de la Democracia vigente garantiza su derecho a “difundir, en cualquier momento, toda clase de propaganda, así como a realizar reuniones u otras actividades en sitios y recintos privados, sin necesidad de autorización...”.
Aunque el artículo 75 del mismo cuerpo legal tipifica como infracciones de los sujetos políticos, entre otras, “la realización anticipada de actos de precampaña o campaña” y “la contratación, en forma directa o por terceras personas, de espacios en radio o televisión, para campaña electoral”.
Pero el Código no refiere cuál es la diferencia puntual entre la precampaña o campaña anticipada y la campaña en sí misma. Con ello, dicen exautoridades electorales consultadas por este Diario, se configura un vacío legal que complica la aplicación de controles.
Según el expresidente del desaparecido Tribunal Supremo Electoral (TSE), Carlos Aguinaga, la ley no distingue qué tipo de actividad partidaria es la que puede realizarse antes o durante procesos electorales.
“Las actividades partidarias sirven para difundir su ideología o proyectos políticos, para organizarse, convocar a sus militantes, hacer formación cívica... Una campaña, en cambio, tiene varios elementos: la publicidad y la propaganda electoral, la promoción política y las actividades partidarias que no necesariamente promueven el voto para candidatos. Evidentemente, ambas cosas tienen como objetivo final alcanzar el poder”, indica Aguinaga.
Fausto Camacho, exmiembro del CNE de transición, advierte que si bien la ley señala específicamente que la campaña electoral como tal durará 45 días, no hay claridad respecto a cuánto tiempo antes de que esta se inicie se considerará para determinar que los sujetos políticos se han anticipado a promocionarse entre la gente.
“¿Será desde la convocatoria a elecciones (120 días antes de los comicios) hasta el inicio formal de la campaña? ¿O serán seis meses, un año antes de la convocatoria? Eso no consta en ninguna parte de la ley”, cuestiona Camacho.
El exfuncionario expresa que la norma no especifica sanciones para quienes hagan promoción adelantada. En el artículo 281 se menciona ambiguamente que el Tribunal Contencioso Electoral podrá suspender derechos políticos o de participación y aplicar multas.
El consultor político Oswaldo Moreno, catedrático de la Pontificia Universidad de Salamanca, opina que las actividades proselitistas que ya efectúan precandidatos y organizaciones corresponden a la etapa de “posicionamiento” de su imagen. No se trata, dice él, de una campaña electoral específica.
Moreno explica que ambos procesos tienen objetivos diferentes: con el primero se busca que la ciudadanía se entere de la existencia de la figura o agrupación política; con el segundo, se pide abiertamente el voto a favor de un personaje o tesis.
El experto admite, no obstante, que en muchas ocasiones se desarrollan los mismos tipos de actos, como los mítines, los recorridos puerta a puerta y la propaganda en la prensa.
http://www.eluniverso.com/2012/09/09/1/1355/promocion-politica-despega-pesar-contradicciones-legales.html
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